Foro Espronceda: febrero 2014

jueves, 20 de febrero de 2014

Ni nos dejan cobrar sin trabajar ni trabajar sin cobrar

El cansancio, la indignación e, incluso, un creciente deseo de enviar todo a ser sodomizado se están extendiendo cada vez mas en nuestra sociedad. La razón principal es que esa entidad llamada "estado", al igual que el perro del hortelano, ni come ni deja comer.

Digámoslo claro: la función principal del estado es, o debería ser, hacer lo posible por satisfacer las necesidades de sus miembros. En un sistema social en el que el estado asumiera esta función esto implicaría garantizar un mínimo nivel de vida para todos y cada uno de los ciudadanos independientemente de su situación socioeconómica: el estado debe asegurar unos mínimos de asistencia sanitaria, formación, vivienda, alimentación, vestido, ingresos, etc... independientemente de que cada persona esté trabajando o no.

Sin embargo, en el sistema social en que vivimos, es el propio estado el que a diario promociona una campaña de desprestigio contra los servicios públicos en dos vías principales: proclamando que los servicios privados son mas eficientes que los públicos (lo que equivale a una proclamación de la propia incompetencia, ya que los servicios públicos son los gestionados por el estado) y acusando a los trabajadores públicos de ser un lastre para la economía (otra declaración de incompetencia, ya que esos trabajadores públicos son seleccionados por el estado).

Tampoco parece que el estado se preocupe del acceso a una vivienda. Parece haber delegado esa función en los bancos, y utiliza los recursos del estado para luchar contra los ciudadanos que defienden el derecho a la vivienda, a quienes incluso ha acusado de terroristas.

No hablemos ya de comer, vestirse y tener unos ingresos mínimos para no caer en la mas absoluta indigencia, porque lo de cobrar sin trabajar, por poco que sea, es visto como una aberración por el estado. En el mejor de los casos se concede una limosna no como reconocimiento de un derecho, sino como ejercicio de la magnanimidad de un estado respecto a los inferiores (y, ciertamente, el estado cada vez reparte menos de esas limosnas).

Así pues, el estado parece haber delegado sus funciones en las empresas. Pero para las empresas no existen las personas: solo existen los empleados que producen bienes y servicios y los consumidores que pagan por ellos. Lo demás no importa. En ningún lugar está escrito que las empresas deban garantizar nada a nadie, razón por la que numerosas personas quedan excluidas de la sociedad al perder su empleo y su capacidad de consumo.

El número de personas en riesgo de exclusión social es tan grande que no puede ser ignorado. En Extremadura, por poner un ejemplo, la EPA de 2013 mostraba una tasa de desempleo del orden del treinta por ciento (y para los jóvenes la tasa es aún mayor). Ignorados por el estado y por las empresas a este colectivo no les queda otro refugio que buscarse la vida por sí mismos ayudados, si acaso, por familia, amigos y conocidos. El último recurso es la organización en redes cooperativas para ayudarse unos a otros a un coste mínimo o incluso gratuitamente.

Pero parece ser que ni siquiera esta vía es del agrado del estado, que considera un "derecho irrenunciable" cobrar por trabajar: lo de "trabajar sin cobrar" es una aberración tan grave como lo de "cobrar sin trabajar". La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, por ejemplo, sigue esta filosofía.

Así que ni el estado nos garantiza nada, ni nos lo garantizan las empresas, ni se nos permite autogestionarnos.

Curiosamente en este país sí que hay gente que cobra sin trabajar, o que cobra unas cantidades fabulosas cuya cuantía es difícil de justificar en función de su trabajo. Gozan, además, de un reconocimiento social tan elevado que a menudo son portada en las revistas del corazón, prensa deportiva y periódicos. También hay mucha gente trabajando hasta el agotamiento por un sueldo que ni siquiera les cubre sus necesidades mínimas (o incluso de forma gratuita porque temen ser expulsados de su puesto de trabajo y no llegar a cobrar las nóminas atrasadas).

Y a todo esto, algunos, lo llaman "desinterés de los ciudadanos por la política".