Propiedad privada versus acceso

La economía industrial se ha organizado en torno al concepto de “propiedad privada”, que aplicado a bienes físicos (recursos naturales, instalaciones, infraestructuras, fábricas, etc) significa que el acceso a dichos recursos es solo accesible a algunas personas, excluyendo al resto. Cuanto mas escaso sea un recurso mayor es su valor para el mercado.

La economía posindustrial, sin embargo, se basa en gran medida en información y conocimiento, bienes no materiales que, por su propia naturaleza, pueden ser reproducidos de forma ilimitada a un coste despreciable y puestos así a disposición de todo el mundo. Los mecanismos tradicionales del mercado, que valoran mas un producto cuanto mas escaso es, son incapaces de gestionar adecuadamente estos bienes informáticos, y dedican (infructuosamente) grandes cantidades de recursos a provocar una escasez artificial en unos bienes que tienen una tendencia natural a la abundancia.

En una especie de huida hacia adelante las empresas que intentan industrializar el conocimiento utilizan términos como “robo” y “atentado contra la propiedad intelectual” a todo acceso a la información ejercido mas allá de su control. Sin embargo, a diferencia del robo de bienes materiales, el acceso de alguien a cierto paquete de información no suele implicar que otra persona sea excluida del uso y disfrute de dicho paquete, sino que el número de personas que disfrutan de él aumentan, lo que representa un enriquecimiento de la comunidad. Los modelos económicos basados en el concepto de “propiedad” son incapaces, por lo tanto, de admitir los beneficios de la copia ilimitada de un recursos. Los nuevos modelos económicos no deberían cuantificar la propiedad, sino el acceso: la calidad de vida no aumenta por tener un recurso en exclusiva, sino por tener acceso a un recurso.

Las implicaciones de esta idea van mas allá de los meramente filosófico para entrar en el terreno de la estrategia. Un ejemplo habitual es el caso de las empresas que gestionan recursos como el agua, la telefonía, el genoma de las semillas o la cultura, y que han adquirido tal poder que desde sectores próximos a la izquierda se suele reclamar su nacionalización. En muchos casos la nacionalización puede ser una estrategia equivocada:

• Puede nacionalizarse una finca, una fábrica, una red de hilos de cobre o cualquier infraestructura, por ejemplo, y ponerla bajo control de las administraciones públicas o, lo que es lo mismo, del pueblo.
• Pero ¿Qué sentido tiene nacionalizar un fondo editorial, una colección de archivos musicales o de genomas de especies vegetales? ¿Se expropia a sus actuales titulares para poner los bienes bajo control del pueblo? ¿Y no querrá el pueblo pleno acceso a sus propios bienes, o será esperable que el propio pueblo se restrinja a sí mismo el acceso a los bienes que acaba de adquirir? Y, si el propio pueblo desea que todo el pueblo tenga acceso a los bienes de todo el pueblo, siendo ello físicamente posible (es difícil que todo el pueblo acceda a una instalación industrial, pero no lo es que todos accedan a una determinada publicación en Internet, por ejemplo) ¿no sería mucho mas sencillo liberar el bien, simplemente negando a la empresa “propietaria” su exclusividad sobre el recurso en cuestión, y aceptando que todo el mundo tenga libre acceso a ese bien? Es por esto que ciertos bienes, en lugar de nacionalizarse, deberían ser liberados.

La cuestión es ¿Debe una sociedad tolerar la existencia de empresas cuyo modelo de negocio se basa en generar y gestionar escasez de recursos informáticos? Las multinacionales semilleras, como Monsanto o Cargill, funcionan así (reduciendo la biodiversidad agrícola y gestionando, mediante patentes y licencias, los escasos recursos disponibles) ¿Qué empresas de los sectores del software, la cultura, la farmacia y otros enriquecen a la comunidad aumentando su acceso a recursos y cuales lo reducen? ¿Es estratégicamente rentable "nacionalizar" o "expropiar" estas "empresas parasitarias" o, simplemente, deberían liberarse en mayor o menor grado sus "derechos de propiedad intelectual"?

Cañete, ministro de la agricultura patentada

Se lamenta Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de que la Unión Europea va muy retrasada en el uso de transgénicos. Mas concretamente dice que va muy retrasada en su utilización para la alimentación de ganado, siendo los organismos genéticamente modificados "fundamentales" para la rentabilidad del sector, garantizando un abastecimiento suficiente a un coste razonable. Cañete saca pecho poniendo a España como ejemplo, ya que el nuestro es uno de los pocos países que cultiva transgénicos y, mas concretamente, "una variedad de maiz".

Nada nuevo bajo el Sol: Cañete continúa la línea del PSOE que apuesta por una agricultura basada en patentes, licencias y demás formas de propiedad intelectual aplicadas a la agricultura.

Es un hecho conocido, gracias a Wikileaks, que el gobierno socialista pidió ayuda a los Estados Unidos para forzar a la Unión Europea a aceptar los cultivos de transgénicos. El cable divulgado habla, concretamente, de MON 810: esa "variedad de maiz" a la que se refiere Cañete en su actual discurso, y que en realidad es un gen incorporado por la multinacional Monsanto a distintas variedades de maiz que posteriormente ha patentado.

Especialmente revelador es el siguiente párrafo del cable de Wikileaks:

6. (U) The GOS has traditionally been a strong supporter of biotech  corn due to high domestic demand for feed corn within the livestock  sector. Spain is the number two pork producer within the EU and the  number one corn importer. GM corn plantings in Spain reached nearly  200,000 acres in 2008 - approximately 30 percent of total Spanish  feed corn production. Cultivation of MON810 corn is mainly  concentrated in Aragon and Catalonia, where the European corn borer,  which MON810 protects against, is a serious pest. The feed compound  industry and the livestock sector are supportive of GM corn. Within  the agriculture sector, only left-wing farmers' unions have negative  opinions of GMOs. 

6. (U) El Gobierno de España ha sido tradicionalmente un fuerte partidario del maíz biotecnológico debido a la  alta demanda doméstica del maíz dentro del sector de alimentación del ganado. España es el productor de carne de cerdo número dos dentro de la Unión Europea y el importador de maíz número uno. Las plantaciones de maíz genéticamente modificado en España alcanzaron casi 200,000 acres en 2008 - aproximadamente el 30 por ciento del total de la producción de maíz para alimentación en España. El cultivo del maíz MON810 está principalmente concentrada en Aragón y Cataluña, donde el taladro del maíz europeo, contra el cual MON810 protege, es un importante parásito. La industria alimentaria y el sector del ganado son aliados del maíz genéticamente modificado. Dentro del sector de agricultura, solo las asociaciones de agricultores izquierdistas tienen opiniones negativas de los organismos genéticamente modificados.

Este no es el discurso de Cañete: es un texto de un cable redactado por la Embajada USA en Madrid hace tres años. Sin embargo parece que el actual ministro de agricultura lo suscribe punto por punto.

Y no es Monsanto la única beneficiaria de la trama: ya durante la época socialista el Ministerio de Agricultura apoyaba las variedades de la empresa Syngenta (concretamente las MIR 604 y Bt 11).

¿Qué signfica todo esto? Bien, sencillamente significa que tanto el anterior gobierno del PSOE como el actual gobierno del PP llevan años inmersos en una campaña para aumentar la presencia de una empresa norteamericana (Monsanto) y otra Suiza (Syngenta) en el mercado de piensos que alimenta el sector porcino español. En realidad la situación actual ya es bastante grave, porque entre estas dos empresas, la también norteamericana Dupont y la francesa Limagrain controlan casi la mitad del mercado mundial del maíz, y si añadimos a este selecto club Land o'Lakes (USA), KWS AG (Alemania), Bayer (Alemania), Sakata (Japón), DLF-Trifolium (Dinamarca) y Takii (Japón) hablamos de casi el setenta por ciento del mercado de semillas, por lo que no es exagerado afirmar que el maíz cultivado en España y utilizado para alimentar cerdos españoles está bajo control de empresas norteamericanas, suizas, francesas, alemanas, japonesas y danesas, pero no españolas.

La expresión "estar bajo control" en este contexto se refiere a que las variedades cultivadas en España están bajo licencia o patente de las mencionadas empresas, y que cualquiera que las cultive de forma legal debe pagar por ello. Incluso en el caso de que alguna explotación agrícola reservase una parte de la cosecha de este año y la utilizase como simiente para el año que viene debería, de acuerdo con  la legislación vigente, pagar el polémico "canon de las semillas". Y si alguna explotación pretende no pagar se las verá con los abogados de Geslive, una especie de SGAE de las semillas.

Decía que la situación actual ya es bastante mala, porque un sector clave como el porcino depende de semillas cuya "propiedad intelectual" está en manos extranjeras, pero al menos puede decirse que los cerdos siguen estando bajo control nacional. Pero si triunfan los esfuerzos de Cañete podríamos, incluso, perder el control de los cerdos: precisamente Monsanto tiene solicitada ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual una patente que, de concederse, le otorgaría a la empresa norteamericana derechos sobre la carne y productos derivados de los cerdos alimentados con sus variedades de maiz transgénico. Dicha solicitud es conocida por la Unión Europea, por lo que no es de extrañar que se pongan reparos a cualquier movimiento que haga Monsanto para aumentar su control sobre los alimentos producidos en Europa.

De acceder a todas las pretensiones de Monsanto los únicos productos de cerdo que escaparían al control de Monsanto, a la larga, serían los de bellota (y esto mientras nadie desarrolle una variedad patentada de encina) ¿Es esto lo que el ministro Cañete considera "fundamental"?